El Mundo dice: “En los últimos días, el mercado se está moviendo por la euforia. Si en la víspera el ‘rating’ de Portugal hizo saltar las alarmas, este jueves la Bolsa española ha vuelto a situarse por encima de los 11.000 puntos gracias a los ‘balones de oxígeno’ a Grecia, que han impulsado a las principales plazas europeas.
El debate sobre el rescate financiero del país heleno por parte de los países de la zona del euro ha ayudado al Ibex hasta los 11.091 puntos. Al cierre de la sesión del 25 de marzo se ha filtrado un acuerdo entre Francia y Alemania al respecto, en caso de que Grecia no pueda refinanciar su deuda.”
Pero la pregunta es ¿por qué Zapatero quería la ayuda para Grecia? ¿será España la próxima en necesitar esa ayuda?
Un estudio de Panta Security nos da los siguiente datos del origen del Spam.
Brasil, India, Corea, Vietnam y USA encabezan el ranking de países que han enviado mayor cantidad de spam durante los dos primeros meses del año, según el estudio realizado por Panda Security, The Cloud Security Company. Los cinco millones de correos analizados por PandaLabs, el laboratorio de la multinacional española, provenían de un total de casi un millón de direcciones IPs diferentes y únicas, lo que nos da una media de envío mensual de cinco correos ilícitos enviados por cada dirección comprometida (cada dirección puede identificar a uno o a varios ordenadores).
Desde que comenzó el año 2010, Brasil encabeza el ranking mundial de spam. Dicho spam es utilizado bien para distribuir amenazas informáticas, bien para vender productos ilegales, y los principales ganchos utilizados como métodos de ingeniería social para engañar a los usuarios se centran en la promesa de vídeos o fotos de jóvenes brasileñas.
Este es el ranking correspondiente a los meses de enero y febrero:
Este es un artículo publicado en El Pais. A lo que dice de “los buscadores de Internet utilizan nuestras redes sin pagarnos nada”, habría que decirle que tendría que pagar para que leyeran sus artículos.
Lo que nos temíamos con la neutralidad de la Red, puede estar incubándose tras las declaraciones del señor Alierta, presidente de Telefónica: “Es evidente que los buscadores de Internet utilizan nuestras redes sin pagarnos nada, lo cual es una suerte para ellos y una desgracia para nosotros. Pero eso no puede seguir, las redes las ponemos nosotros (…), lo hacemos todo. Eso va a cambiar, estoy convencido”, apostilló en una charla en Bilbao.
De nuevo nos encontramos con el debate que, alrededor de la neutralidad de la Red, sucedió en la campaña electoral norteamericana, donde John McCain, candidato republicano, consideraba a Internet como un producto, más que como un servicio o infraestructura, que puede ser proporcionado por el sector privado con una mínima intervención pública. En su experiencia como senador se ha posicionado ya entre los que no apoyan la neutralidad. La posición de Barack Obama fue diametralmente opuesta.
Para Obama, el carácter abierto de Internet es esencial para entender su impacto e interés económico. Por ello, su estrategia política se basará en la protección de este diseño abierto, apostando por la neutralidad de la Red, de modo que todo tipo de contenidos y sitios reciban el mismo tratamiento.
Tim Wu, resumió la confrontación entre ambos candidatos mediante una metáfora: para el candidato demócrata la Red es una carretera (a la que todo el mundo tiene acceso), mientras que para el republicano sería un automóvil (del que sólo disfrutamos si podemos permitírnoslo).
Hasta la fecha, el modo mayoritario de funcionamiento de los proveedores de telecomunicaciones ha sido el transporte común, según el cual se puede acceder a cualquier aplicación o contenido legal, y el proveedor de banda ancha no puede actuar de filtro, lo que puede considerarse como un enfoque neutral respecto de la Red. Pero se plantean otros enfoques, donde el proveedor decide cómo y a quién garantiza el acceso. El ejemplo de China es el más paradigmático de todos: un Estado decide qué puede y qué no puede circular por la Red. En el fondo, se trata de un debate sobre la libertad en Internet. La cuestión principal es qué libertad debe prevalecer, si la de los usuarios al acceso libre a los contenidos o la de los proveedores, sean éstos públicos o privados, a imponer sus restricciones de acceso a los mismos.
El modelo de Internet como espacio infinito de mercados, contactos, acceso a información, etcétera, podría tocar a su fin si todos los Estados actuaran como el chino o si todos los proveedores reflexionaran como lo ha hecho el señor Alierta.
Y ya sabemos quién se quedaría fuera. Tal y como escribí en estas mismas páginas hace dos años, el papel de las administraciones, tanto nacionales como in-ternacionales, es nuevamente fundamental para garantizar que las prestaciones y condiciones de los servicios de acceso deben ser prestadas por las empresas bajo las condiciones de neutralidad más estrictas posibles.
Debe igualmente resolverse el tema de la armonización de la propiedad de la infraestructura privada (redes físicas), con el estatus de Internet como bien público global. En este sentido, los gobiernos tienen la posibilidad de establecer los marcos normativos del establecimiento y explotación en cada territorio, y en sus relaciones internacionales, de las citadas infraestructuras privadas. En cualquier escenario donde se produzcan estos déficits, y a falta de regulación global, y de iniciativas del sector privado, no debiéramos olvidar que las administraciones tienen la posibilidad de establecer y construir redes y servicios que se desarrollen en paralelo con las infraestructuras privadas, en aquellos escenarios que consideren estratégicos para el bienestar y desarrollo de sus ciudadanos. Por lo tanto, parece lógica una profunda reflexión sobre la creación de redes públicas, soporte y garantía de continuidad de las funciones propias de la Administración y, sobre ellas, articular otros proyectos que garanticen a sus ciudadanos el derecho de acceso a las redes. Las redes que el señor Alierta dice que son de su compañía podrían no haberlo sido si, en el proceso de privatización de la Compañía Telefónica Nacional de España, el Estado se hubiera quedado con la titularidad de las infraestructuras que, dicho sea de paso, fueron pagadas por todos los españoles cuando la citada compañía perteneció al Estado. Es deseable que nuestro Gobierno y las fuerzas políticas abran, definitivamente, este crucial debate para saber qué entiende cada cual cuando se habla de neutralidad de la Red.
Las grandes empresas de telefonía y cable, entre ellas Telefónica, son actores interesados en este debate, dado que su modelo de negocio se vería muy reforzado si pudiesen ser ellos, directamente, los que controlasen el acceso a la infraestructura y a los canales de comunicación digital. En resumen, si la Red no fuese neutral. Esto puede llevar a algunos a proponer alternativas a la neutralidad, que es lo que ha hecho el señor Alierta en su intervención en Bilbao. Pero aunque su posición se base sólo en una estrategia de rentabilidad empresarial, las consecuencias podrían ser dramáticas, dado que dejaríamos en manos de muy pocos decisiones esenciales para garantizar la libertad e igualdad en el acceso a la información y en la generación de información y conocimiento.
Realmente, éste ha sido el paradigma de los últimos siglos. Pensemos en los oligopolios que han controlado, por siglos, el acceso a los medios de producción de conocimiento y comunicación (desde la imprenta a la radio o la televisión). Pero algo ha cambiado en las últimas tres décadas. Gracias precisamente a Internet, en estos momentos disfrutamos de un nuevo paradigma de acceso universal. La neutralidad de la Red es el elemento que sostiene este nuevo modelo. ¿Qué diferencia existe entre quienes quieren controlar el acceso a la Red por razones políticas o ideológicas y quienes quieren hacerlo por razones económicas? Unos y otros sólo piensan en sus intereses y en sus vulnerabilidades. Si China estuviera regida por un sistema democrático, los ciudadanos chinos tendrían un acceso a la información equiparable al que tienen los países que se rigen por ese modelo democrático. Si España no hubiera privatizado su compañía telefónica o si se hubiera reservado la propiedad de la Red, ningún presidente podría amenazar con censurar el acceso a Internet como ha hecho el de Telefónica. Entiendo que las compañías telefónicas muestren preocupación por la calidad de sus redes ahora que la imagen, además de la voz y los datos, comienzan a circular como no imaginábamos siquiera hace una década. Eso es una parte del problema que necesitará tecnología y dinero, pero que, en mi opinión, no deberá dar lugar a que se limite lo que circule, al socaire de que todos quieren ganar en este negocio.
Si por una autopista circulan más vehículos de los que estaban previstos cuando se construyó, la solución no pasa por limitar el paso de vehículos en función de su color o cilindrada. El progreso no se debe limitar por esas razones. Cualquiera sabe que la solución pasaría por ampliar el número de carriles. Y, por otra parte, no se entendería que si alguien, dadas las ventajas de las autopistas para el transporte, creara una compañía de camiones para servicios de paquetería y, enterados los propietarios de la autovía de pago quisieran, además del peaje, cobrar una parte de los beneficios de la empresa de transportes. De este debate no puede salir ni limitaciones a los contenidos que circulan por la Red, ni una mayor tarifa para el usuario de la misma que, por primera vez en la historia, facilita el acceso a la cultura de todos los ciudadanos.
Juan Carlos Rodríguez Ibarra fue presidente de la Junta de Extremadura.
El Parlamento Europeo (PE) ha aprobado un informe que rechaza la posibilidad de que los gobiernos europeos puedan denegar el acceso a Internet como un medio para imponer sanciones a los consumidores.
El texto, aprobado con 481 votos, 25 en contra y 21 abstenciones, señala que los gobiernos o las empresas privadas no deben recurrir a cortar ese acceso como forma de penalización, algo que, indica el PE, ya se ha propuesto en algunos países de la Unión.
El pleno consideró que el analfabetismo electrónico será el nuevo analfabetismo del siglo XXI, por lo que si se garantiza el acceso a Internet a todos los ciudadanos se asegura su acceso a la escolarización.
Entre otros aspectos, el texto aborda la protección de los derechos de propiedad intelectual en Internet y, en ese contexto, urge a los estados miembros a que adopten la directiva sobre medidas penales respecto a la violación de este tipo de derechos.
En cambio, para lograr ese objetivo, precisa que es necesario que se prohíban “el control y la vigilancia sistemática” de los usuarios.
El informe pide asimismo respetar la libertad de expresión y de asociación de los usuarios y luchar contra la incitación a la violación de los derechos de propiedad intelectual, “incluidas algunas restricciones excesivas de acceso impuestas por los propios titulares de la propiedad intelectual”.
Por otra parte, el Parlamento aceptó una enmienda que insta a los países a actualizar su legislación sobre protección de menores que utilizan Internet, especialmente en lo relativo al delito de ‘grooming’ (captación de menores en línea con fines sexuales).
El texto también considera que la “identidad digital” se está convirtiendo en parte integrante de nuestro “yo”, por lo que merece una protección adecuada y eficaz contra las intrusiones de agentes privados o públicos.
En ese sentido, considera que todos los datos que estén “orgánicamente vinculados” a esa identidad deben “definirse y protegerse”, y reclama que se garantice que los estados miembros “que interceptan y controlan el tráfico de datos”, lo hagan en las condiciones y con las garantías estrictas previstas por la ley.
Asimismo, la Eurocámara reclama a la UE que establezca una “estrategia global” para luchar contra la ciberdelincuencia, especialmente en lo relativo a la usurpación de la identidad de los internautas.
Igualmente, pide que se adopten medidas como la creación de una oficina de ayuda para las víctimas de estas suplantaciones de identidad, que impulsen campañas de sensibilización y prevención al respecto.
Los eurodiputados creen que, entre los derechos afectados por Internet, se encuentran el respeto a la vida privada, la protección de datos, la libertad de expresión y de asociación, la libertad de prensa, la de expresión y participación políticas, la no discriminación y la educación.
Para garantizar esos derechos solicitan que se apliquen las “normas sobre protección de derechos humanos tanto nacionales como internacionales”.
Tirón de orejas para la Comisión Europea. Tras la filtración de documentos que revelan el contenido de las negociaciones secretas con Estados Unidos y otros países acerca del Acuerdo Comercial contra la Falsificación de la Propiedad Intelectual (o ACTA, según sus siglas en inglés), Peter Hustinx, supervisor de la Protección de Datos de la UE, ha emitido un comunicado (PDF) en el cual critica duramente a la rama ejecutiva de Bruselas por su aparente apoyo de medidas que violan numerosos derechos fundamentales hasta ahora garantizadas por la Unión.
En el centro del asunto está la polémica “ley de los tres avisos” de Francia, bajo la cual se permite suspender los abonos de acceso a Internet de aquellos internautas que se les acuse de ‘piratear’ archivos tras haber sido advertidos en dos ocasiones previas. El ACTA contempla aplicar esta ley en la totalidad de la Unión, creando un ‘filtro’ para seguir los movimientos de todos los internautas europeos y obligando a los proveedores para que estos desconectaran a los violadores de esta norma.
En un comunicado Hustinx ataca estas propuestas mediante el uso de frases que, pese a su tono diplomático, resultan notables por su contenido.
“El supervisor de la Protección de Datos de la UE lamenta que no haya sido consultado por la Comisión Europea sobre el contenido del acuerdo que plantea cuestiones importantes en materia de derechos fundamentales de las personas. Es crucial que la protección de datos personales se tenga en cuenta desde el principio del proceso”.
“Aunque la propiedad intelectual es importante para la sociedad, y merece ser protegida, nunca se le debe dar mayor valor que los derechos fundamentales de los individuos en lo que se refiere a la privacidad y protección de sus datos”.
Hustinx aprovecha la filtración para hacer recomendaciones que, en efecto, son tan obvias que parecen servir para regañar y avergonzar a las autoridades comunitarias que han participado en las negociaciones.
“Cabe esforzarse por investigar maneras menos intrusivas en la lucha en contra de la piratería… La ‘ley de los tres avisos’ no es necesaria en la protección de la propiedad intelectual… Como poco, las políticas que se plantean deben tener una envergadura mucho más limitada, tal y como permitiría un seguimiento de targets específicos”.
El supervisor de la UE también denuncia el hecho de que el ACTA necesariamente involucraría el intercambio de los datos personales de los ciudadanos europeos entre autoridades y organizaciones internacionales sin antes haber creado herramientas para salvaguardar la privacidad de esa información.
En último lugar, critica a la Comisión por no haber establecido un diálogo público y transparente sobre el asunto, recurriendo, en su lugar, a negociaciones secretas; a través de ello, sugiere la inevitable incompatibilidad del acuerdo y las normas de protección de datos que él supervisa.
“Un diálogo público y transparente… permitiría asegurarnos que las medidas que se terminen por adoptar estén conformes con las leyes de privacidad y protección de datos ya existentes en la Unión Europea”.
Aunque la Eurocámara ha recibido informes periódicos de la Comisión sobre el asunto, hasta ahora la CE ha rehusado compartir los textos preliminares del acuerdo. Además de la UE, EEUU, Canadá, México, Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Singapur, Jordán, Marruecos y los Emiratos Árabes Unidos participan en las negociaciones.
Los diputados franceses aprobaron la enmienda del proyecto de ley que prevé la suspensión de los abonos a Internet para los internautas que ‘pirateen’ archivos después de haber sido advertidos en dos ocasiones. Concretamente, votaron a mano alzada la permanencia del artículo 2 del proyecto de ley, un artículo clave, presentado por Christine Albanel, la ministra de Cultura.
El proyecto de ley de “protección de derechos en internet” incluye esta medida, tras haber recibido los votos a favor de los diputados de la derecha, la abstención de los de centro y la oposición de los de izquierda, y en contra de la opinón del Parlamento Europeo, que recientemente se mostró contrario a esta medida.
La ley prevé la creación de la Alta Autoridad de Protección de Derechos sobre Internet, que se denominará Hadopi, y que será la encargada de dar los avisos a los internautas que pirateen archivos y la que dictamine la interrupción de las conexiones para los reincidentes.
El dispositivo prevé un primer aviso a través del envío de un correo al defraudador y un segundo aviso acompañado de una carta certificada en caso de reincidir en los seis meses siguientes.
En el caso de reincidir el mismo año, el internauta podrá ver su contrato anulado. además de verse limitado a no poder contratar otro servicio entre diez meses y un año.
Los diputados señalaron, además, que los internautas a los que se les interrumpa la conexión no deberán pagar la misma, en contra de la opinión de las empresas del sector, que creen que se pueden ver perjudicadas por la medida.
La suspensión de la conexión a Internet como castigo fue la idea adoptada por los diputados, que la víspera descartaron la de imponer multas por el intercambio no autorizado de obras audiovisuales protegidas con ‘copyright’.
Los diputados de la izquierda se declaraban favorables a imponer a los internautas que ‘piratearan’ una “contribución creativa” destinada a financiar la creación en la Red, aunque la enmienda no prosperó. Hasta la fecha, una persona acusada de ‘piratería’ se podía enfrentar a una multa de hasta 300.000 euros y cinco años de prisión.
El texto de esta polémica fue aprobado casi por unanimidad en el Senado el 30 de octubre. Una vez la hayan votado los diputados, una comisión mixta paritaria de Asamblea y Senado será convocada para concluir el texto que se someterá a votación definitiva en las dos asambleas la semana que viene.
Según recuerda la agencia AFP, la suspensión a Internet como sanción se es una medida que se ha aprobado en EEUU, Irlanda e Italia, aunque otros países europeos como Alemania y Reino Unido han renunciado a ella.

A partir del 1 de Marzo Microsoft empezará a ofrecer una pantalla de “selección de navegador” a los usuarios de Internet Explorer en Europa, según el requerimiento de la Comisión Europea.
Son las palabras de Dave Heiner, Vicepresidente y Subconsejero Jurídico, en este artículo del blog de Microsoft Corporation. Y se refiere al acuerdo llegado entre la Comisión Europea y Microsoft, por el que a los usuarios de Windows que tengan Internet Explorer como navegador predeterminado, se les ofrecerá a través de Windows Update una pantalla de selección de navegador. Ésta presentará una lista de programas (ordenados de forma aleatoria), con la opción de instalarlos o recibir más información sobre cada navegador. Podéis ver qué aspecto tendrá esta herramienta de selección en las siguientes imágenes:
En el artículo de Heiner tenéis información detallada sobre todos los pormenores de esta pantalla de selección, que será intensamente testada durante las próximas semanas para asegurar su correcto funcionamiento, y que podrá bajarse desde Windows Update según la configuración de este servicio en cada ordenador. Cada usuario podrá, gracias a ella, elegir el navegador que más se adecúe a sus necesidades.
En Microsoft estamos contentos de haber llegado a este importante acuerdo con la Comisión Europea, ya que, de esta forma, todos los usuarios europeos de Windows tendrán a su alcance una forma completa, fácil y directa de elegir su navegador. Nuestra recomendación es Internet Explorer, tanto para el hogar como el trabajo. Y nos parece que ésta es una magnífica oportunidad para que nuestros usuarios, los que aún no lo hayan hecho, actualicen a Internet Explorer 8 con todas las ventajas que ofrece: un navegador más rápido, con más opciones de personalización, y preparado para la navegación de hoy en día con las últimas tecnologías en materia de seguridad incorporadas.
Fuente: Microsoft
Un blog de fotografías callejeras nos dice “Apaga la Tele: Enciende tu mente”, una frase para que la gente reflexione y piense sin que se deje manipular por los medios. Vivimos en una sociedad audiovisual donde todo nos entra por los ojos y por los oídos, pero donde no nos paramos para pensar y meditar acerca de lo que oímos y escuchamos, y donde no nos paramos a pensar de lo que realmente nosotros pensamos.
Apaga la Televisión y piensa… para tu tren de vida y medita a solas , seguro que te viene bien. (Fuente: Fotografía)
Bueno… no hay palabras, sólo un gesto.
Parece mentira que esta persona haya sido “Presidente” de España… todo hay que decirlo, es como un EX sólo queda de el un vago recuerdo.
Desde el famoso “White House” a un gesto de niño de colegio público, y pensar que algunos le votamos, normal que ahora estén los socialistas, después de gente así.
Bueno, este este páis hay de nodo… como se rebajan algunos
Algunos medios de comunicación han sacado los cuchillos contra Google, amarilleando por donde más le duele e instando al ejecutivo a que introduzca dentro de la Ley de Economía Sostenible un paquete de medidas fiscales para obligar a que Google que tribute en España. Pero antes de atacar a la yugular como está haciendo El Mundo, debe informarse de cómo se encuentra el marco fiscal a nivel mundial para la prestación de servicios por vía electrónica y cómo se puede articular un mecanismo que esté ajustado a gusto de todo el mundo, dado que parece ser que este no nos gusta.
El principal problema radica en ubicar físicamente los servicios prestados, como ocurre con este tipo de servicios. Que Google sea un suministrador global de publicidad vía Adsense o Adwords en el mundo, no quiere decir que Google evada impuestos de España o de cualquier otro territorio. Es decir, Google puede establecer perfectamente sus residencias fiscales y sus direcciones operativas en EEUU, Irlanda o cualquier lugar del mundo.
La eurocámara, viendo la que se venía encima con la expansión del comercio electrónico, en 2002 tuvo que delimitar una serie de reglas para definir el lugar de realización del hecho imponible a efectos del IVA y diseñar un régimen especial para los servicios prestados por vía electrónica. Estas reglas para el IVA no tienen porqué coincidir con las reglas de tributación del impuesto de sociedades, dado que en este segundo caso, se establece como obligados del impuesto aquellos que tengan su residencia en España. Para el caso del comercio electrónico y actividades de servicios prestadas por vía electrónica se mantiene la tributación en el lugar de ubicación del establecimiento permanente y se siguen aplicando los criterios de no residencia frente a situaciones de duda, que en el caso particular de Google no existen.
Para ello, procedió a modificar sustancialmente la LIVA siguiendo los criterios de la OCDE, de la UE y del resto de agentes económicos a nivel mundial. De todas estas diatribas, para evitar situaciones como estas, se definió el comercio electrónico y el lugar de realización de las actividades para ubicar la tributación, definiendo perfectamente cuando una web+servidor se considera establecimiento permanente o no.
Lo que está claro es que para que una empresa que se dedica a prestar actividades dentro de la sociedad de la información, debe tener su dirección efectiva dentro el territorio donde opera para uqe esté obligada al impuesto de sociedades español, que no es el caso de Google cuya central está en EEUU y en el resto de paises que tiene establecimiento permanente. Para el caso de España ni siquiera tiene servidores instalados en nuestro territorio, extremo que se puede deducir de la ubicación de los datacenters de Google, según el mapa adjunto.
Una empresa que opera a nivel mundial puede colocar sus servidores en los puntos geográficos que considere oportunos y como es obvio, los colocará en el punto donde la tributación le sea más favorable dentro de la legislación vigente.
Finalmente, el último despropósito que planea por la Eurocámara, consiste en obligar a las empresas a que fijen establecimientos físicos permanentes allí donde venden. Obviamente, esta solución no es viable, puesto que sería comparable a cerrar las fronteras a cualquier tipo de importación de bienes o servicios. ¿Cómo se puede hacer para que Google tribute integramente en España? Tan simple como bajar el impuesto de sociedades, no solo para Google sino para todas las empresas.
Para los escépticos, la fiscalidad no se puede definir por una cuestión de tamaño y sólo pongo un ejemplo. Imaginemos cualquier empresa tecnológica que preste servicios por vía electrónica que tenga su residencia en España. Esta empresa tributará por el impuesto de sociedades en España, aunque reciba ingresos de medio mundo. No es de recibo que esta empresa tenga que tributar en cada uno de los paises en los que genera ingresos, o peor aún que tuviera que montar una delegación física en cada país. Sería el mayor despropósito sobre la evolución al comercio electrónico.